Diversos medios han apuntado a la reciente moderación de Rajoy y su viaje al centro como explicación al fin de la crispación en la vida política española. El jefe del principal partido opositor ha aprobado en las encuestas recientes, superando a muchos miembros del Gobierno. Pero pocos han reparado en el hecho de que el final de la bronca también beneficia enormemente al gobierno Zapatero, especialmente en tiempos de crisis.
Este hecho no es sorpresa, dado los españoles siempre hayan tendido a valorar mejor al partido en el gobierno que al principal partido de la oposición. Esto ha sido así desde que el CIS tiene datos (1996), excepto brevemente durante nuestra involucración en la guerra de Irak. El poder llama al poder, y tener la iniciativa en proponer políticas, repartir el presupuesto, aparecer en la televisión pública, y protagonizar en general la vida de los ciudadanos facilita enormemente sacar unas cuantas cabezas al partido opositor. Especialmente cuando éste no te fustiga con políticas divisivas como la descentralización territorial, las relaciones iglesia-estado o el terrorismo.
En la gráfica de abajo examinamos cuánto confiamos en nuestros políticos. Este es el mejor predictor electoral posible hasta la fecha. En la gráfica se puede ver en azul celeste la valoración de los sucesivos gobiernos de Aznar I (1996-2000), Aznar II (2000-2004), Zapatero I (2004-2008) y la luna de miel del actual gobierno Zapatero.
Pese a que la nueva dinámica de pactos entre los dos partidos también beneficie a Zapatero en el corto plazo, Rajoy ha optado por la mejor de las opciones posibles. Si se observa arriba el periodo 2004-2008, la era de la crispación entre ambos partidos deterioró más rápido la confianza en el PP que en los socialistas. El Partido Popular alcanzó niveles de confianza nunca vistos, por debajo del 35%. Y en Génova 13 consideraron que la situación no era sostenible.
Es muy probable que en los próximos meses la posición del Gobierno se deteriore, según se profundice la crisis y se observen las consecuencias directas de ésta (en forma de destrucción de empleo e inflación descontrolada). En cuanto el líder de la oposición termine su batalla por moverse al centro-derecha, frente al ruido mediático y los barones rebeldes, la distancia con el Gobierno se reducirá, como ya sucedió durante el segundo mandato Aznar. Es un difícil equilibrio, pues debe dar la sensación de colaborar con Zapatero en los temas de Estado sin mancharse demasiado en las políticas económicas del Gobierno.
Si Rajoy aspiraba a tener un escenario ideal para renacer cual Fénix de sus cenizas, las circunstancias no podrían ser más propicias.
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Hace una semana, el secretario de Estado de Hacienda, Angel Ocaña, compareció ante los medios para abrir la caja de Pandora y publicar las famosas Balanzas Fiscales de las comunidades autónomas respecto al gobierno central. Como ya advertíamos, si existe un tipo de debate que, pudiendo ser muy útil, tiende a caer en el excesivo simplismo y a generar muchas frustraciones en todas partes, es éste. Por eso conviene ir un poco más allá del ruido mediático y poner luz al asunto.
¿Dónde gasta el Estado?
Las transferencias a los gobiernos autonómicos y locales, los impuestos cedidos, así como el gasto en sanidad, educación y servicios sociales son claramente territorializables. Del mismo modo, la mayoría de inversiones en infrastructuras se pueden atribuir a territorios, aunque se puedan beneficiar también los ciudadanos de comunidades vecinas.
Pero uno de los grandes problemas al analizar las balanzas fiscales es que la mayoría del gasto del Gobierno central se produce en bienes públicos, es decir, en bienes de los que se beneficia todo el mundo, independientemente de dónde se encuentre (como la defensa o el seguro de desempleo). De hecho, el gasto realmente territorializable del Estado es de, tan sólo, un 26,86% (Ángel de la Fuente; Instituto de Análisis Económicos-CSIC, 2000). Se hace imposible medir la distribución del gasto en relaciones externas, defensa, investigación, ayuda al desarrollo, o en tener instituciones reguladoras de los mercados eficaces, porque todos los ciudadanos (y autonomías) son beneficiarios de ello, aunque financien esos bienes públicos de acuerdo a su nivel de desarrollo.
Sin embargo, si observamos atentamente el debate en los medios, cuando se habla de déficit fiscal, en realidad lo que quieren decir es déficit en infraestructuras y servicios básicos. Y ahí el debate sobre las balanzas fiscales cobra sentido: ¿cuáles son las necesidades ciudadanas y ecónomicas en infrastructuras y servicios básicos? ¿dónde están los cuellos de botella? ¿qué priorizar?
Sólo la tercera pregunta no tiene una respuesta técnica, y corresponde a los políticos electos priorizar nuestras necesidades de la mejor manera posible, y a los votantes, juzgar si esas prioridades responden a sus intereses.
¿Por qué pagan más Madrid, Baleares o Cataluña?
El segundo problema es que es si entráramos en el Ministerio de Hacienda, nos sería difícil identificar quién está pagando los Presupuestos Generales del Estado. Cuando el Secretario de Estado de Hacienda presentó el informe sobre las balanzas fiscales, tuvo que reconocer que usaron metodologías distintas con diversos resultados. Primero, porque los ciudadanos pagan de acuerdo a su ingreso (IRPF) y sus actividades económicas (IVA, sociedades). Segundo, porque impuestos como los aranceles a las importaciones afectan a todos por igual, independientemente de dónde estemos.
Dicho esto, la distribución actual de renta entre individuos y empresas, sean de la autonomía que sean, es lo que explica que Madrid, Baleares o Cataluña estén a la cabeza en cuanto al esfuerzo conjunto. Esas autonomías concentran un mayor número de gente rica y sedes empresariales. Y ellas soportan una carga mayor que financia no sólo las infraestructuras de todos, sino también ese 75% de bienes públicos no territorializables.
¿Qué hacer?
Una de las carencias del sistema autonómico español, que le aleja del modelo alemán o norteamericano, es que las autonomías tienen una responsabilidad fiscal limitada. Por ejemplo, aunque quisiera, Valencia no tiene capacidad para aumentar los impuestos a sus ciudadanos un poco más de la media e invertir en resolver muchos de sus cuellos de botella, sean puertos más eficaces, mejores autovías o programas de becas para aprender idiomas en el extranjero. No existe corresponsabilidad fiscal y, por tanto, los incentivos son perversos. Los gobiernos autonómicos y central se ven obligados a entrar en una constante lucha por priorizar sus propias necesidades frente a los otros. Permitir una mayor flexibilidad a los gobiernos autonómicos para ajustar los impuestos a sus preferencias sería un buen primer paso para quitar presión al conflicto territorial e introducir responsabilidad en las finanzas públicas. No sería necesario esperar a tener vientos ideológicos a nuestro favor en Moncloa para empezar a hacer cosas.
El segundo paso para el Gobierno sería profundizar en su campaña de transparencia. Saber cuáles son las balanzas fiscales entre autonomías es interesante, pero más interesante sería conocer cuales son las balanzas fiscales entre clases sociales o niveles de renta.
Por último, para no generar malas costumbres o incentivos perversos, la solidaridad interterritorial debería ser dependiente de los 'logros' de las autonomías más beneficiadas. Aquellas que utilizaran bien los superávit fiscales deberían ser premiadas con un esfuerzo mayor, mientras que aquellas que estuvieran malgastando su superávit en políticas inadecuadas, aunque electoralmente rentables, deberían ver este recortado. Introducir un poco de rendición de cuentas en el proceso de solidaridad hace a los 'solidarios' más generosos.
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La realidad de nuestras democracias, sin embargo, parece bien distinta. Sin ir más lejos, en España los sondeos demoscópicos apuntan sistemáticamente que la mayoría de los españoles apenas discutimos de política fuera de nuestros hogares y que, cuando lo hacemos, raramente intentamos convencer al contertuliano. Solemos discutir con nuestros más allegados, pero evitamos con mayor frecuencia hablar de política con compañeros de trabajo, de estudios o de otros contextos más formales. Evitar las discusiones políticas en entornos menos familiares no es casual: es ahí donde es más posible encontrar opiniones divergentes. De hecho, las encuestas demuestran que los españoles cuando hablamos de política, solemos hacerlo con personas afines ideológicamente. En suma, el debate de ideas o la confrontación de puntos de vista es más bien poco frecuente en nuestro país. Los españoles (aunque en eso no somos ninguna excepción con respecto a otras democracias) no parecemos, por lo general, muy amantes a intercambiar opiniones con nuestros conciudadanos cuando éstos habitan en otras latitudes ideológicas.
Aún así, es posible que los ciudadanos prefieran escuchar al rival en entornos más anónimos, a través de los medios de comunicación. La oferta mediática en nuestro país se caracteriza por disponer una gran diversidad de voces y con un simple movimiento del dedo índice podemos fácilmente exponernos a opiniones distintas sin levantarnos de nuestros sofás. No obstante, las encuestas del CIS muestran, de nuevo, que el consumo de medios en nuestro país sigue un patrón claramente ideológico. Echen un breve vistazo a la tabla de arriba. Los ciudadanos de izquierdas y derechas no recurren a los mismos medios para informarse de la actualidad del país. Esto es especialmente notorio en el caso de la prensa escrita y la radio.
Fijémonos en este último aspecto. Si bien la inmensa mayoría de los ciudadanos de izquierdas (62%) prefiere informarse de política escuchando la Cadena Ser, prácticamente ningún de este grupo ideológico sintoniza a su a la emisora rival, la Cadena Cope. Los números se invierten en el caso de los ciudadanos de derechas, los cuales prefieren mayoritariamente (52%) escuchar la radio de los obispos, pero parecen aborrecer la cadena Ser. Un patrón similar de consumo tiene lugar en la prensa escrita (El País versus El Mundo) y, en menor medida, en las emisoras de televisión (Telecinco versus Antena 3). Claramente, los ciudadanos escogen el medio para informarse teniendo en cuenta su ideología política. Sólo hay una curiosa excepción. Irónicamente, los medios de ámbito nacional controlados por el gobierno de turno (TVE1 y RNE 1) consiguen tener una audiencia ideológicamente mixta.
En definitiva, los ciudadanos españoles parecemos ser generalmente poco amigos de escuchar y dialogar con los rivales. Tanto en la calle como desde nuestros sofás nos gusta oír voces amigas, afines a nuestras ideas.
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Las buenas notas de las ministras… ¿durarán?
3 Ocurrencias Escrito por Lluis el 12.7.08 a las 11:19.
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De “lengua propia” a “lengua común”
Una de las principales críticas que ha recibido la política lingüística en Cataluña ha sido que ésta no ha tratado con igualdad a sus dos lenguas oficiales. Las autoridades lingüísticas catalanas siempre han recurrido al término “lengua propia” para legitimar la predominancia del catalán por encima del castellano en la vida pública de esa comunidad. El artículo 6 del Estatuto de Cataluña estipula: “la lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las Administraciones públicos y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”. El elemento histórico es el que confiere al catalán el atributo de lengua propia. Según la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos de la UNESCO, la lengua propia “hace referencia al idioma de la comunidad históricamente establecida en este espacio”. Al margen de lo confuso que puede llegar a ser el concepto de “lengua propia”, para los nacionalistas éste justifica que catalán tome un rol preferencial en la vida pública de la comunidad.
El manifiesto en defensa por una lengua común utiliza como elemento legitimador para la predominancia del castellano sobre las lenguas regionales el hecho de que se trata de una lengua común en todo el territorio español. Así, se sustituye el argumento de “lengua propia” por el de “lengua común”. En efecto, aunque en muchos territorios hay dos lenguas oficiales, “sólo una de ellas es común a todos”. Y, según se desprende del manifiesto, el hecho de que el castellano sea oficial en todo el ámbito nacional confiere a esta lengua un plus de legitimidad en los territorios que comparte oficialidad con otras lenguas regionales. El manifiesto pide que se excluya la posibilidad de que la lengua catalana sea exclusiva en la educación o en la rotulación en las instituciones públicas. Pero no hace lo mismo con el castellano. La asimetría de trato entre dos lenguas co-oficiales se justifica, en esta ocasión, con el argumento de que una es de ámbito nacional y la otra regional.
Tanto la actual política lingüística catalana como el modelo propuesto por el manifiesto en defensa de la lengua castellana usan algún atributo de la lengua (bien sea “propia”, bien sea “común”) para legitimar la preeminencia de una lengua oficial por encima de la otra. Sin embargo, ¿por qué los derechos lingüísticos de los castellanohablantes de Girona deberían estar influidos por el hecho de que el catalán sea la lengua más vinculada históricamente a su región? Y, de forma similar, ¿por qué los catalanohablantes de l’Hospitalet deberían tener derechos distintos por el hecho de que el castellano es oficial en otras comunidades?
¿En qué lengua debe hablar la administración pública?
El debate sobre qué lengua debería hablar la administración pública catalana se presenta como un conflicto aparentemente inevitable entre dos derechos: 1) El derecho de los catalanohablantes a poder expresarse y ser atendidos en su lengua y 2) el derecho de los ciudadanos españoles que no conocen la lengua catalana a opositar con igualdad de condiciones.
El modelo actualmente vigente en Cataluña es el de priorizar el primer derecho a costa del segundo. Según el artículo 11 de la Ley de Política Lingüística de Cataluña, los aspirantes a una plaza en la administración de esa comunidad deben acreditar el conocimiento de la lengua catalana, tanto en expresión oral como escrita. Si bien este requisito garantiza una administración bilingüe, también representa una vulneración del segundo derecho.
Esta es una de las principales críticas al modelo catalán que desde hace tiempo muchos de los impulsores del manifiesto sostienen. La nueva propuesta recogida en el manifiesto para salvar este conflicto de derechos es la siguiente: "En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación".
La pregunta que conviene hacernos es si es posible garantizar una administración bilingüe, que respete el derecho de los catalanohablantes, sin que cada uno de sus funcionarios lo sea, para no lesionar el derecho de los castellanohablantes. Posiblemente, la modificación del actual sistema de acceso a la función pública por uno que no exigiera como requisito necesario el conocimiento del catalán también daría lugar en la mayoría de los casos a una administración bilingüe, pues ésta sería un mero reflejo de la sociedad catalana. Pero no podemos excluir la posibilidad de que, en ocasiones, un servicio determinado acabara siendo, por cuestiones del azar, monolingüe. Es necesario, por lo tanto, un mecanismo de selección formal que asegure una administración bilingüe. Esto implicaría inevitablemente la instauración de cuotas lingüísticas en cada servicio de la administración y la convocatoria de plazas catalanas o castellanas en función de las necesidades lingüísticas del servicio.
La propuesta tiene limitaciones prácticas: ¿habría ventanillas o colas lingüísticas en los servicios públicos? ¿Las vacaciones serían por cuotas lingüísticas para evitar que la institución quedara monolingüe temporalmente? A efectos prácticos es difícil garantizar una administración bilingüe sin que sus funcionarios no sepan ambas lenguas. Pero, al margen de sus limitaciones prácticas y del estigma lingüístico que supondría, este método seguiría sin garantizar el segundo derecho arriba expuesto (la igualdad de todos los españoles a opositar en Cataluña). Aunque el agravio se reduciría con respecto a la situación actual, en la cuota de plazas catalanas seguirían excluidos los opositores de otras comunidades autónomas que desconocen la lengua. Es decir, garantizaríamos el derecho de ambos grupos a costa de reducir las oportunidades de los castellanohablantes.
Entonces, ¿debemos resignaros a que alguno de los derechos sea vulnerado? Sin lugar a duda se trata de dos derechos difíciles de conciliar. Pero ya en el pasado ha habido propuestas más imaginativas y convincentes que la efectuada por este nuevo manifiesto. Por ejemplo, el segundo manifiesto de Ciutadans (que comparte numerosos abajofirmantes) proponía: "[se] promoverá el conocimiento del catalán entre los funcionarios, pero no hará de ello una condición necesaria para su acceso a la función pública". Con los matices adecuados, esta propuesta quizás garantizaría ambos derechos. Por ejemplo: se podría excluir el catalán como requisito para el acceso a la función pública, pero el opositor no catalonohablante exitoso debería obligatoriamente atender en horario laboral a clases gratuitas de lengua catalana durante un periodo determinado de tiempo. ¿Funcionaría? ¿Sería capaz la administración de obligar a un funcionario suyo a aprender (que es diferente que atender a clases) la lengua catalana?
Muchas preguntas, pocas respuestas.
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En la gráfica de abajo se observa que durante el periodo 1996-2000, los ciudadanos se contagiaron del optimismo derivado de la gestión Solbes-Rato y el recobrado crecimiento de aquellos años, seguido por un periodo de continuidad donde todos esperaban que la situación económica siguiera su positivo curso. Tras la elección del gobierno socialista (2004), el pesimismo económico fue in crescendo, hasta alcanzar los actuales niveles récord, de una manera casi continua. Por lo que, lejos de ser un reflejo de la actual crisis, que empezó a hacerse patente en los últimos meses de 2007, los ciudadanos ya tenían instalada una desconfianza muy notable respecto a nuestro futuro económico como país. ¿Anticipaban el final del ciclo del ladrillo? ¿Es simplemente desconfianza en los socialistas manejando el dinero público? ¿Una mezcla de ambos?
Si observamos a los datos reales de crecimiento y desempleo, en la tabla de abajo, podemos subrayar dos constantes:1) Cuando la economía crece por debajo del 3%, como en 2002, 2003 y 2008, el desempleo crece de manera notable. La economía española necesita crecer por encima de ese ritmo para mantener o reducir su desempleo, que vuelve a estar por encima de la media europea.
2) El "milagro español" lleva experimentando desde que empezó en 1995-1996 choques adversos cada 5-6 años (en concordancia con las crisis internacionales), y el apunte pesimista es que la siguiente etapa de crecimiento era menos intensa, pese a las reformas y liberalizaciones del periodo anterior (que anunciarían una mayor capacidad de crecimiento, supuestamente, en la siguiente etapa).
Así que visto este contexto, vayamos a la pregunta del millón: ¿hasta cuando la crisis?
Si observamos el crecimiento pasado y las previsiones de crecimiento de la OCDE, el FMI, la Comisión Europea, y el Banco de España, de menos a más optimistas, estos estiman una media de 2% de crecimiento en 2008 y alrededor del 1.6% en 2009. A partir de 2010 , el FMI calcula que España retomará la senda del crecimiento por encima del 3%, y generando así el empleo destruido durante el periodo de cara a las elecciones de 2012.
La estimación del FMI (que la crisis durará algo menos de 3 años, empezando el último trimestre de 2007) encaja perfectamente con los hallazgos de un estudio* reciente realizado por Kenneth Rogoff (Harvard) y Carmen Reinhart (Maryland) y citado esta semana en Business Week. En él, observan las pasadas crisis financieras y, sobre todo, del "ladrillo" durante las últimas décadas, detectando cinco casos de grandes crisis (España 1977, Noruega 1987, Finlandia y Suecia 1991, y Japón 1992). En estas cinco crisis, que encajan en cierta forma con la situación actual, la crisis se resolvió en tres años. Lo mismo fue para el resto de crisis económicas observadas, aunque la intensidad de la crisis fue menor.Por lo tanto, no sería temerario afirmar que en Moncloa estarán tranquilos esperando la recuperación automática del ciclo económico dos años antes de las próximas elecciones. Y sin embargo, instalado tal grado de pesimismo en los votantes, es muy probable que éstos no recuperen su optimismo económico tan deprisa como le gustaría al señor Presidente.
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* Reinhart, C. and Kenneth Rogoff (2008). "Is the 2007 U.S. Sub-Prime Financial Crisis So Different? An International Historical Comparison" (Sin publicar)
Los datos, tal y como son presentados en El País, son relativamente poco informativos porqué se da solo la cifra absoluta de matrimonios. Debemos preguntarnos ¿qué representan estos números en relación a la población total de España y de cada una de las Comunidades Autónomas? Para ello, hemos tomado datos de población del Instituto Nacional de Estadística y hemos puesto estos datos en términos relativos al censo de población del año 2001.
Cuando miramos los datos relativos a la población, la idea que las comunidades “más progres” como Cataluña o Madrid son las que tienen más matrimonios gays, queda claramente confirmada. Madrid es la comunidad con un mayor número relativo, 2.8 por cada cien mil habitantes. Cataluña le sigue de cerca, con un 2.2 por cada cien mil. Les siguen Baleares, Asturias, Canarias, Aragón y Murcia. Las Comunidades con menos matrimonios gays son, como podríamos esperar, aquellas que concebimos como más tradicionales o “castas”: Galicia, con un 0.11 por cada cien mil habitantes, Castilla-La Mancha y Castilla-León, con 0.5, y Navarra con 0.6.
Por otro lado, podemos analizar cuál es la proporción de matrimonios entre mujeres y entre hombres. Vemos que, para el conjunto del Estado, un 70% de los matrimonios son entre hombres, y un 30% entre mujeres. Este dato es bastante chocante puesto que la población femenina es mayor que la masculina, y no tenemos ninguna razón para pensar que hay más hombres homosexuales que mujeres. Probablemente los datos no sean nada más que otro indicador de la (in)visibilidad en la que vive todavía el colectivo lesbiano en España (cosa que, por cierto, tengo entendido que ha sido objeto de la campaña “lesviana” en la edición del día del orgullo gay de este año). Las Comunidades con mayores niveles relativos de matrimonios entre mujeres (en comparación con los matrimonios entre hombres) son Melilla y Ceuta, Baleares, Cantabria, Navarra y Asturias, y aquellas con mayores niveles de matrimonios entre hombres son La Rioja, Madrid, Pais Valenciano, Murcia y Cataluña. No parece haber, sin embargo, una separación territorial entre hombres y mujeres homosexuales. Es más, las comunidades con más matrimonios entre hombres son también las comunidades con más matrimonios entre mujeres –esto se puede ver claramente en el gráfico siguiente:
En resumen, los datos evidencian que hay una division bastante clara entre dos Españas, en lo que al mundo homosexual se refiere, una España progre, avanzada y donde el matrimonio homosexual está llevándose a cabo con relativa normalidad (y seguramente con valores elevados debido a la concentración de gays de otros lugares en estas comunidades), y una España más rancia y atrasada en lo que a los valores se refiere, donde el matrimonio gay roza los valores nulos. En otras palabras, Cataluña y Madrid son a Navarra y las Castillas lo que Massachussets y California a Tejas y las Carolinas.
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