Hace una semana, el secretario de Estado de Hacienda, Angel Ocaña, compareció ante los medios para abrir la caja de Pandora y publicar las famosas Balanzas Fiscales de las comunidades autónomas respecto al gobierno central. Como ya advertíamos, si existe un tipo de debate que, pudiendo ser muy útil, tiende a caer en el excesivo simplismo y a generar muchas frustraciones en todas partes, es éste. Por eso conviene ir un poco más allá del ruido mediático y poner luz al asunto.
¿Dónde gasta el Estado?
Las transferencias a los gobiernos autonómicos y locales, los impuestos cedidos, así como el gasto en sanidad, educación y servicios sociales son claramente territorializables. Del mismo modo, la mayoría de inversiones en infrastructuras se pueden atribuir a territorios, aunque se puedan beneficiar también los ciudadanos de comunidades vecinas.
Pero uno de los grandes problemas al analizar las balanzas fiscales es que la mayoría del gasto del Gobierno central se produce en bienes públicos, es decir, en bienes de los que se beneficia todo el mundo, independientemente de dónde se encuentre (como la defensa o el seguro de desempleo). De hecho, el gasto realmente territorializable del Estado es de, tan sólo, un 26,86% (Ángel de la Fuente; Instituto de Análisis Económicos-CSIC, 2000). Se hace imposible medir la distribución del gasto en relaciones externas, defensa, investigación, ayuda al desarrollo, o en tener instituciones reguladoras de los mercados eficaces, porque todos los ciudadanos (y autonomías) son beneficiarios de ello, aunque financien esos bienes públicos de acuerdo a su nivel de desarrollo.
Sin embargo, si observamos atentamente el debate en los medios, cuando se habla de déficit fiscal, en realidad lo que quieren decir es déficit en infraestructuras y servicios básicos. Y ahí el debate sobre las balanzas fiscales cobra sentido: ¿cuáles son las necesidades ciudadanas y ecónomicas en infrastructuras y servicios básicos? ¿dónde están los cuellos de botella? ¿qué priorizar?
Sólo la tercera pregunta no tiene una respuesta técnica, y corresponde a los políticos electos priorizar nuestras necesidades de la mejor manera posible, y a los votantes, juzgar si esas prioridades responden a sus intereses.

¿Por qué pagan más Madrid, Baleares o Cataluña?
El segundo problema es que es si entráramos en el Ministerio de Hacienda, nos sería difícil identificar quién está pagando los Presupuestos Generales del Estado. Cuando el Secretario de Estado de Hacienda presentó el informe sobre las balanzas fiscales, tuvo que reconocer que usaron metodologías distintas con diversos resultados. Primero, porque los ciudadanos pagan de acuerdo a su ingreso (IRPF) y sus actividades económicas (IVA, sociedades). Segundo, porque impuestos como los aranceles a las importaciones afectan a todos por igual, independientemente de dónde estemos.
Dicho esto, la distribución actual de renta entre individuos y empresas, sean de la autonomía que sean, es lo que explica que Madrid, Baleares o Cataluña estén a la cabeza en cuanto al esfuerzo conjunto. Esas autonomías concentran un mayor número de gente rica y sedes empresariales. Y ellas soportan una carga mayor que financia no sólo las infraestructuras de todos, sino también ese 75% de bienes públicos no territorializables.
¿Qué hacer?
Una de las carencias del sistema autonómico español, que le aleja del modelo alemán o norteamericano, es que las autonomías tienen una responsabilidad fiscal limitada. Por ejemplo, aunque quisiera, Valencia no tiene capacidad para aumentar los impuestos a sus ciudadanos un poco más de la media e invertir en resolver muchos de sus cuellos de botella, sean puertos más eficaces, mejores autovías o programas de becas para aprender idiomas en el extranjero. No existe corresponsabilidad fiscal y, por tanto, los incentivos son perversos. Los gobiernos autonómicos y central se ven obligados a entrar en una constante lucha por priorizar sus propias necesidades frente a los otros. Permitir una mayor flexibilidad a los gobiernos autonómicos para ajustar los impuestos a sus preferencias sería un buen primer paso para quitar presión al conflicto territorial e introducir responsabilidad en las finanzas públicas. No sería necesario esperar a tener vientos ideológicos a nuestro favor en Moncloa para empezar a hacer cosas.
El segundo paso para el Gobierno sería profundizar en su campaña de transparencia. Saber cuáles son las balanzas fiscales entre autonomías es interesante, pero más interesante sería conocer cuales son las balanzas fiscales entre clases sociales o niveles de renta.
Por último, para no generar malas costumbres o incentivos perversos, la solidaridad interterritorial debería ser dependiente de los 'logros' de las autonomías más beneficiadas. Aquellas que utilizaran bien los superávit fiscales deberían ser premiadas con un esfuerzo mayor, mientras que aquellas que estuvieran malgastando su superávit en políticas inadecuadas, aunque electoralmente rentables, deberían ver este recortado. Introducir un poco de rendición de cuentas en el proceso de solidaridad hace a los 'solidarios' más generosos.
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La realidad de nuestras democracias, sin embargo, parece bien distinta. Sin ir más lejos, en España los sondeos demoscópicos apuntan sistemáticamente que la mayoría de los españoles apenas discutimos de política fuera de nuestros hogares y que, cuando lo hacemos, raramente intentamos convencer al contertuliano. Solemos discutir con nuestros más allegados, pero evitamos con mayor frecuencia hablar de política con compañeros de trabajo, de estudios o de otros contextos más formales. Evitar las discusiones políticas en entornos menos familiares no es casual: es ahí donde es más posible encontrar opiniones divergentes. De hecho, las encuestas demuestran que los españoles cuando hablamos de política, solemos hacerlo con personas afines ideológicamente. En suma, el debate de ideas o la confrontación de puntos de vista es más bien poco frecuente en nuestro país. Los españoles (aunque en eso no somos ninguna excepción con respecto a otras democracias) no parecemos, por lo general, muy amantes a intercambiar opiniones con nuestros conciudadanos cuando éstos habitan en otras latitudes ideológicas.
Aún así, es posible que los ciudadanos prefieran escuchar al rival en entornos más anónimos, a través de los medios de comunicación. La oferta mediática en nuestro país se caracteriza por disponer una gran diversidad de voces y con un simple movimiento del dedo índice podemos fácilmente exponernos a opiniones distintas sin levantarnos de nuestros sofás. No obstante, las encuestas del CIS muestran, de nuevo, que el consumo de medios en nuestro país sigue un patrón claramente ideológico. Echen un breve vistazo a la tabla de arriba. Los ciudadanos de izquierdas y derechas no recurren a los mismos medios para informarse de la actualidad del país. Esto es especialmente notorio en el caso de la prensa escrita y la radio.
Fijémonos en este último aspecto. Si bien la inmensa mayoría de los ciudadanos de izquierdas (62%) prefiere informarse de política escuchando la Cadena Ser, prácticamente ningún de este grupo ideológico sintoniza a su a la emisora rival, la Cadena Cope. Los números se invierten en el caso de los ciudadanos de derechas, los cuales prefieren mayoritariamente (52%) escuchar la radio de los obispos, pero parecen aborrecer la cadena Ser. Un patrón similar de consumo tiene lugar en la prensa escrita (El País versus El Mundo) y, en menor medida, en las emisoras de televisión (Telecinco versus Antena 3). Claramente, los ciudadanos escogen el medio para informarse teniendo en cuenta su ideología política. Sólo hay una curiosa excepción. Irónicamente, los medios de ámbito nacional controlados por el gobierno de turno (TVE1 y RNE 1) consiguen tener una audiencia ideológicamente mixta.
En definitiva, los ciudadanos españoles parecemos ser generalmente poco amigos de escuchar y dialogar con los rivales. Tanto en la calle como desde nuestros sofás nos gusta oír voces amigas, afines a nuestras ideas.
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Las buenas notas de las ministras… ¿durarán?
3 Ocurrencias Escrito por Lluis el 12.7.08 a las 11:19.Etiquetas: españa, politica, Si ministro
Por otra parte, la figura emergente de Juan Costa, firme candidato de la dinastía Rato, sin embargo, terminaría capitalizando lo mejor de los dos mundos. Como Rato, un liberal, el alma perdida del PP últimamente. Como la elite madrileña, un valenciano educado en universidades navarras y conectado a los modos y valores tradicionales del PP. Y además uniendo el eje Valencia-Madrid de poder.Alguien bajo la estela de éxito de Rato, el que "debería" haber sido el delfín natural de Aznar, si los egos y el orgullo no fueran tan malos consejeros. Y sobre todo, lejos de Rajoy y su estela de derrotas.
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Bipartidismo contra Estado del Bienestar
6 Ocurrencias Escrito por Alex Guerrero el 20.5.08 a las 15:20.Tras examinar las últimas cinco décadas en 'Capitalism, Democracy and the Welfare State' (2005), el politólogo Torben Iversen encontró que en los países con sistemas mayoritarios o pseudo-mayoritarios tienden a gobernar más a menudo partidos de centroderecha, mientras que en los países de sistema proporcional multipartidista, el centroizquierda está más presente en el largo plazo. Las implicaciones para el desarrollo o no del Estado de Bienestar y políticas redistributivas son obvias: la proporcionalidad se traduce en un mayor Estado de Bienestar y mayor igualdad de ingresos. Lo que no es tan obvio son las causas de esa regularidad empírica.
Iversen sugiere una explicación de clases sociales. Los votantes moderados, más comunes entre la clase media, pueden negociar en un sistema proporcional con el centroderecha y el centroizquierda políticas más moderadas. Y dado que la clase trabajadora es numéricamente mayor en democracia, tienden a aliarse con ésta más frecuentemente y a darles el poder (controlado). Sin embargo, en sistemas mayoritarios, el partido ganador del proceso electoral gobierna sin tantas restricciones parlamentarias, por lo que las opciones para el votante moderado se dividen entre el mantenimiento del statu quo que sugiere el centroderecha y la intensa redistribución hacia abajo que promueve el centroizquierda. En ese escenario, preferirá proteger su situación de clase media frente a tener que sufragar el crecimiento de un Estado de Bienestar sobre el que no tiene tanto control.
Es un argumento atractivo para explicar esa regularidad empírica que Iversen encuentra en las democracias desarrolladas, aunque faltaría probarlo mejor. En todo caso, en el debate sobre la reforma electoral deberíamos tener más en cuenta estas consideraciones que cuantos escaños podrían corresponderle a IU y los nacionalistas dependiendo de cada modelo.
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Durante estas tres décadas de democracia, el rol de las mujeres en la política española se ha ido equiparando progresivamente al de los hombres. No sólo hombres y mujeres se parecen cada vez más en sus actitudes políticas sino que también la igualdad de género está progresivamente penetrando en nuestras instituciones. El actual gobierno, “excesivamente rosa” para algunos estadistas de la talla de Berlusconi, parece haber culminado el proceso de paridad de género en el Consejo de Ministros. La nominación en la cartera de Defensa de una mujer en un estado avanzado de su embarazo se ha convertido en un icono que ha llenado numerosos titulares en rotativos del mundo entero. Con la composición del nuevo gobierno, el Presidente Zapatero ha logrado transmitir con suma eficacia su compromiso con la igualdad de género. Pero, ¿este fuerte impulso de la mujer en el Consejo de Ministros se ha extendido en el resto de instituciones políticas de nuestro país? La respuesta es no.
En el caso del poder ejecutivo, el porcentaje de mujeres en cargos directivos de rango inferior al de ministro parece ser considerablemente menor: según los cálculos de la politóloga Tània Verge el porcentaje de mujeres en el nivel de subsecretarías y direcciones generales del primer gobierno de Zapatero era de apenas el 22 por ciento, menos de la mitad que el porcentaje en el nivel ministerial. En el grado de direcciones generales, la llegada de Zapatero también supuso un avance con respecto a los gobiernos del Partido Popular, pero sin duda el esfuerzo paritario es precario si lo comparamos con el efectuado en el Consejo de Ministros. A falta de datos del actual gobierno, parece que Zapatero ha optado por la paridad sólo en los cargos del poder ejecutivo que son más visibles ante la opinión pública.
Por otro lado, el poder legislativo se mantiene como un feudo masculino. Además, este nuevo Congreso representa un estancamiento en el número de escaños ocupado por mujeres. Si bien en la anterior legislatura el porcentaje de diputadas aumentó 8 puntos porcentuales (del 28% al 36%), el actual Congreso cuenta un porcentaje similar al anterior. De hecho, el grupo socialista cuenta en esta ocasión con una proporción algo menor de escaños femeninos, aunque éste se mantiene por encima del 40%. Sin embargo, por coherencia, sorprende que Zapatero no haya impulsado la presencia femenina en el poder legislativo con la misma contundencia que en su gobierno. Quizás sea por el menor impacto mediático de esta medida.
Los números del PP
A excepción de la legislatura de 1979-1982, el PP ha contado con una proporción menor de diputadas en su grupo parlamentario. Esto es así a pesar de tener un mayor porcentaje de afiliadas en su partido en comparación con el PSOE. Esta menor presencia de mujeres entre las filas conservadoras no es algo aislado de nuestro país. Desde donde les escribo, el Partido Conservador sólo cuenta con un 8% de diputadas en Westminster, mientras que en el Partido Laborista este porcentaje es del 29%. La menor presencia de mujeres en el parlamento británico se podría explicar en parte por su sistema de electoral (en el Reino Unido sólo se presenta un candidato por distrito). Si ponemos mucha imaginación y aplicamos el sistema electoral británico a España (p.e. 50 distritos donde sólo se presentaran los candidatos que encabezan la lista electoral), sólo habría un 10% de diputadas en el grupo popular. Esto se debe a que las listas de las circunscripciones donde el PP es fuerte siguen mayoritariamente encabezadas por hombres. Aunque se trata de un escenario hipotético bastante aventurado, éste parece indicar que el sistema de listas -como el español- permite a los partidos colocar mujeres en el parlamento con mayor facilidad.
Faltan el legislativo y el judicial
En nuestro país, el ritmo de inclusión de las mujeres en la política profesional es similar (y en el caso del Gobierno sin duda superior) a las tasas de participación de las mujeres en el mercado de trabajo. En la actualidad, nuestro Congreso de los Diputados es casi un fiel reflejo de la situación de las mujeres en el mercado laboral de nuestro país, pero el poder ejecutivo (si sólo contamos el Consejo de Ministros) está en la vanguardia en cuanto a la igualdad de género se refiere. No hay duda que el “gobierno rosa” de Zapatero supone un avance notable en este campo, pero esto no debería hacernos olvidar que las mujeres siguen infrarepresentadas en los poderes legislativo y judicial. En este último, la presencia de mujeres es pura casualidad: de los 20 miembros de su órgano directivo sólo dos son mujeres. Lamentablemente, aún queda mucho camino por recorrer.
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