El Pan y el Circo de Felipe Calderón
1 Ocurrencias Escrito por Laia Balcells el 25.11.09 a las 22:31.
El sábado 10 de octubre seis mil agentes federales tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en el Distrito Federal, Puebla, Hidalgo y Morelos, en la República de México. Con esta acción y el correspondiente decreto emitido por el presidente de este país, Felipe Calderón, se liquidaba la empresa que abastece de energía eléctrica al centro del país, dejando en la calle a 41 mil empleados activos y 25 mil jubilados.
El argumento de Calderón para decretar el cierre de LyFC es que la empresa es incosteable, y que tiene un déficit de más de 3.700 millones de dólares. Se culpa de su ineficiencia los “ominosos sueldos de los empleados”. Pero veamos con detalle: el sueldo más bajo en la compañía de Luz y Fuerza del Centro es de aproximadamente 600 dólares y el más elevado es de 1.200 dólares, más prestaciones. Los medios de comunicación lanzan ataques contra el Sindicato Mexicano de Electricistas “acusándolos” de que el contrato colectivo de trabajo les otorga prestaciones excesivas, como descuentos en las tarifas eléctricas o reembolsos en los gastos por comidas fuera de su centro laboral. Ante el embate contra la empresa, y azuzada por los medios de comunicación, una parte la opinión pública mexicana se desvive con hurras hacia la medida tomada por Calderón, bajo el argumento de que estos trabajadores electricistas no son tan pobres como deberían, y tienen privilegios y lujos que no merecen. En otras palabras, el delito de estos trabajadores es que no se están muriendo de hambre, como es el deber histórico de la clase obrera.
La liquidación de LyFC no sólo conlleva la inminencia de la privatización de la industria eléctrica, sino que agrega una nueva cifra a la tasa de desempleo que ya de por sí en el sexenio de Calderón ha crecido en un 79%. Pero los electricistas no son el único blanco de los despidos masivos perpetrados por el gobierno mexicano. Hace no más de un mes el mismo secretario de Hacienda anunció 10 mil nuevos despidos por la desaparición de tres secretarías de estado (la de Turismo, de la Reforma Agraria y de la Función Pública). En tiempos de crisis global, en que las economías con mayores proporciones de empleo público son las que parecen estar resistiendo mejor a la debacle, este tipo de medidas apuntan a consecuencias negativas no sólo para los trabajadores de la industria eléctrica, sino también para el resto del pueblo mexicano.
En otro ámbito, las cifras en México no son menos alarmantes: cinco mil seiscientos “ejecutados” en lo que va del año. En diez meses se ha superado el número total de asesinatos atribuibles al narcotráfico ocurridos durante la administración del anterior presidente, Vicente Fox. Esto es así a pesar de que el Estado ha desplegado su fuerza en las calles llevando a una militarización del país, que supone a los contribuyentes un boquete financiero de más del doble de los recursos destinados a LyFC. En lo que va de año, a la Guerra contra el Narco se le han destinado aproximadamente 8 mil millones de dólares. La ausencia de datos detallados sobre las víctimas y los verdugos de esta violencia no nos permite realizar una evaluación adecuada de la política en cuestión. Si los números no engañan, parece que si hay una empresa que urge liquidar, por ineficiente y costosa, es la llamada Guerra contra el Narco.
A pesar de la crítica situación económica, laboral y de seguridad que se vive en México, el índice de popularidad de Calderón en el pasado agosto era de 62.4%, nivel al que se ha mantenido desde enero de 2007, a excepción quizás de la escalada de marzo de este año, donde a raíz del pánico infundido por la epidemia de gripe porcina subió hasta 68%. Si estas estadísticas son confiables, lo que reflejan es la efectividad del control social ejercido mediante la manipulación de los medios de comunicación, el uso de la fuerza y las medidas sorpresivas como el golpe al sindicalismo independiente y el pánico epidemiológico. Además, fuera de México, Calderón goza de cierta buena reputación. Al igual que sucede con el presidente colombiano Álvaro Uribe, son prácticamente inexistentes los artículos críticos con este político en la prensa española. Por ejemplo, el decreto de cierre de LyFC fue aplaudido en los medios, donde se presentó como una medida reparadora ante el supuesto mal servicio que prestaban los trabajadores de LyFC, así como una medida anticorrupción clave. Como apuntaba Vicenç Navarro en su artículo “La doble moral de los medios” (Dominio Público, 16 Julio 2009), la ausencia de voces críticas contra Calderón entra en grave contraste con los artículos críticos con el presidente Venezolano Hugo Chávez, entre otros, y –simpatías por estos presidentes al margen- llevan a cuestionar la pluralidad ideológica de los medios de comunicación españoles.
Por lo general, ante todo esto lo más preocupante es que Calderón se confirma como un caso más de presidente democrático que –a pesar de llegar ‘confusamente’ al poder- consigue ganar y mantener la popularidad social a partir de medidas con claros tintes antidemocráticos. Otro presidente que, ante la amenaza de la ‘delincuencia’, el ‘narco’ (o de una ‘guerrilla’) actúa de forma que los límites del presidencialismo democrático y el caudillismo se hacen peligrosamente borrosos. Otro presidente ante el que, sin embargo, se rinde la opinión pública doméstica e internacional por sus formas y logros, y ante el que las voces críticas quedan ahogadas a base de golpes de pluma y de porra.
Violeta Vázquez-Rojas y Laia Balcells
El argumento de Calderón para decretar el cierre de LyFC es que la empresa es incosteable, y que tiene un déficit de más de 3.700 millones de dólares. Se culpa de su ineficiencia los “ominosos sueldos de los empleados”. Pero veamos con detalle: el sueldo más bajo en la compañía de Luz y Fuerza del Centro es de aproximadamente 600 dólares y el más elevado es de 1.200 dólares, más prestaciones. Los medios de comunicación lanzan ataques contra el Sindicato Mexicano de Electricistas “acusándolos” de que el contrato colectivo de trabajo les otorga prestaciones excesivas, como descuentos en las tarifas eléctricas o reembolsos en los gastos por comidas fuera de su centro laboral. Ante el embate contra la empresa, y azuzada por los medios de comunicación, una parte la opinión pública mexicana se desvive con hurras hacia la medida tomada por Calderón, bajo el argumento de que estos trabajadores electricistas no son tan pobres como deberían, y tienen privilegios y lujos que no merecen. En otras palabras, el delito de estos trabajadores es que no se están muriendo de hambre, como es el deber histórico de la clase obrera.
La liquidación de LyFC no sólo conlleva la inminencia de la privatización de la industria eléctrica, sino que agrega una nueva cifra a la tasa de desempleo que ya de por sí en el sexenio de Calderón ha crecido en un 79%. Pero los electricistas no son el único blanco de los despidos masivos perpetrados por el gobierno mexicano. Hace no más de un mes el mismo secretario de Hacienda anunció 10 mil nuevos despidos por la desaparición de tres secretarías de estado (la de Turismo, de la Reforma Agraria y de la Función Pública). En tiempos de crisis global, en que las economías con mayores proporciones de empleo público son las que parecen estar resistiendo mejor a la debacle, este tipo de medidas apuntan a consecuencias negativas no sólo para los trabajadores de la industria eléctrica, sino también para el resto del pueblo mexicano.
En otro ámbito, las cifras en México no son menos alarmantes: cinco mil seiscientos “ejecutados” en lo que va del año. En diez meses se ha superado el número total de asesinatos atribuibles al narcotráfico ocurridos durante la administración del anterior presidente, Vicente Fox. Esto es así a pesar de que el Estado ha desplegado su fuerza en las calles llevando a una militarización del país, que supone a los contribuyentes un boquete financiero de más del doble de los recursos destinados a LyFC. En lo que va de año, a la Guerra contra el Narco se le han destinado aproximadamente 8 mil millones de dólares. La ausencia de datos detallados sobre las víctimas y los verdugos de esta violencia no nos permite realizar una evaluación adecuada de la política en cuestión. Si los números no engañan, parece que si hay una empresa que urge liquidar, por ineficiente y costosa, es la llamada Guerra contra el Narco.
A pesar de la crítica situación económica, laboral y de seguridad que se vive en México, el índice de popularidad de Calderón en el pasado agosto era de 62.4%, nivel al que se ha mantenido desde enero de 2007, a excepción quizás de la escalada de marzo de este año, donde a raíz del pánico infundido por la epidemia de gripe porcina subió hasta 68%. Si estas estadísticas son confiables, lo que reflejan es la efectividad del control social ejercido mediante la manipulación de los medios de comunicación, el uso de la fuerza y las medidas sorpresivas como el golpe al sindicalismo independiente y el pánico epidemiológico. Además, fuera de México, Calderón goza de cierta buena reputación. Al igual que sucede con el presidente colombiano Álvaro Uribe, son prácticamente inexistentes los artículos críticos con este político en la prensa española. Por ejemplo, el decreto de cierre de LyFC fue aplaudido en los medios, donde se presentó como una medida reparadora ante el supuesto mal servicio que prestaban los trabajadores de LyFC, así como una medida anticorrupción clave. Como apuntaba Vicenç Navarro en su artículo “La doble moral de los medios” (Dominio Público, 16 Julio 2009), la ausencia de voces críticas contra Calderón entra en grave contraste con los artículos críticos con el presidente Venezolano Hugo Chávez, entre otros, y –simpatías por estos presidentes al margen- llevan a cuestionar la pluralidad ideológica de los medios de comunicación españoles.
Por lo general, ante todo esto lo más preocupante es que Calderón se confirma como un caso más de presidente democrático que –a pesar de llegar ‘confusamente’ al poder- consigue ganar y mantener la popularidad social a partir de medidas con claros tintes antidemocráticos. Otro presidente que, ante la amenaza de la ‘delincuencia’, el ‘narco’ (o de una ‘guerrilla’) actúa de forma que los límites del presidencialismo democrático y el caudillismo se hacen peligrosamente borrosos. Otro presidente ante el que, sin embargo, se rinde la opinión pública doméstica e internacional por sus formas y logros, y ante el que las voces críticas quedan ahogadas a base de golpes de pluma y de porra.
Violeta Vázquez-Rojas y Laia Balcells
Etiquetas: latin america
Estoy de acuerdo con las lineas generales del articulo, y el analisis sobre la situacion en Mexico.
Sin embargo, permitidme discrepar sobre el asunto de Luz y Fuerza del Centro, y como proceder con ella. Durante 2007/2008 estuve realizando un estudio sobre buena gobernanza de unas 50 empresas publicas de energia de America Latina, incluyendo a LyFC y tambien, como no, a la Comision Federal de Electricidad, empresa monopolistica que domina toda la generacion y distribucion de energia electrica en Mexico, excepto en los tres estados donde LyFC tenia presencia -que incluyen la superpoblada capital.
El problema de Mexico es el problema de los monopolios publicos, que han conducido a una pesima gestion, amiguismo, y al surgimiento de figuras amenazantes como el ultramillonario Carlos Slim. Si uno tuviera que pensar como gestionar una empresa publica de una manera terrible (utilizandola politicamente como plataforma para proveer empleos a potenciales votantes, ganando asi bases de apoyo, creando sindicatos fuertes que organicen ese apoyo, etc) uno solo tiene que ir a ver como se gestionan LFC y CFE. Sus estructuras de gobernanza brillan por su ausencia, no se rinden cuentas, estan intervenidas politicamente (pero no necesariamente para proveer un servicio asequible, para todos, de calidad, sino mas bien para utilizar los recursos generados del monopolio para obtener rentas y dar prevendas y empleos a potenciales votantes, etc). Como la transicion en Mexico es un fenomeno incompleto todavia, pasara tiempo antes de que estas formas PRIistas de organizar la sociedad den paso a estandares mas avanzados similares a la OCDE. Mientras tanto, uno debe ir caso por caso viendo como se pueden desmontar esos monopolios y devolver el gobierno a la gente, y no a las elites influyentes que lo manipulan para enriquecerse.