Hace una semana, el secretario de Estado de Hacienda, Angel Ocaña, compareció ante los medios para abrir la caja de Pandora y publicar las famosas Balanzas Fiscales de las comunidades autónomas respecto al gobierno central. Como ya advertíamos, si existe un tipo de debate que, pudiendo ser muy útil, tiende a caer en el excesivo simplismo y a generar muchas frustraciones en todas partes, es éste. Por eso conviene ir un poco más allá del ruido mediático y poner luz al asunto.
¿Dónde gasta el Estado?
Las transferencias a los gobiernos autonómicos y locales, los impuestos cedidos, así como el gasto en sanidad, educación y servicios sociales son claramente territorializables. Del mismo modo, la mayoría de inversiones en infrastructuras se pueden atribuir a territorios, aunque se puedan beneficiar también los ciudadanos de comunidades vecinas.
Pero uno de los grandes problemas al analizar las balanzas fiscales es que la mayoría del gasto del Gobierno central se produce en bienes públicos, es decir, en bienes de los que se beneficia todo el mundo, independientemente de dónde se encuentre (como la defensa o el seguro de desempleo). De hecho, el gasto realmente territorializable del Estado es de, tan sólo, un 26,86% (Ángel de la Fuente; Instituto de Análisis Económicos-CSIC, 2000). Se hace imposible medir la distribución del gasto en relaciones externas, defensa, investigación, ayuda al desarrollo, o en tener instituciones reguladoras de los mercados eficaces, porque todos los ciudadanos (y autonomías) son beneficiarios de ello, aunque financien esos bienes públicos de acuerdo a su nivel de desarrollo.
Sin embargo, si observamos atentamente el debate en los medios, cuando se habla de déficit fiscal, en realidad lo que quieren decir es déficit en infraestructuras y servicios básicos. Y ahí el debate sobre las balanzas fiscales cobra sentido: ¿cuáles son las necesidades ciudadanas y ecónomicas en infrastructuras y servicios básicos? ¿dónde están los cuellos de botella? ¿qué priorizar?
Sólo la tercera pregunta no tiene una respuesta técnica, y corresponde a los políticos electos priorizar nuestras necesidades de la mejor manera posible, y a los votantes, juzgar si esas prioridades responden a sus intereses.
¿Por qué pagan más Madrid, Baleares o Cataluña?
El segundo problema es que es si entráramos en el Ministerio de Hacienda, nos sería difícil identificar quién está pagando los Presupuestos Generales del Estado. Cuando el Secretario de Estado de Hacienda presentó el informe sobre las balanzas fiscales, tuvo que reconocer que usaron metodologías distintas con diversos resultados. Primero, porque los ciudadanos pagan de acuerdo a su ingreso (IRPF) y sus actividades económicas (IVA, sociedades). Segundo, porque impuestos como los aranceles a las importaciones afectan a todos por igual, independientemente de dónde estemos.
Dicho esto, la distribución actual de renta entre individuos y empresas, sean de la autonomía que sean, es lo que explica que Madrid, Baleares o Cataluña estén a la cabeza en cuanto al esfuerzo conjunto. Esas autonomías concentran un mayor número de gente rica y sedes empresariales. Y ellas soportan una carga mayor que financia no sólo las infraestructuras de todos, sino también ese 75% de bienes públicos no territorializables.
¿Qué hacer?
Una de las carencias del sistema autonómico español, que le aleja del modelo alemán o norteamericano, es que las autonomías tienen una responsabilidad fiscal limitada. Por ejemplo, aunque quisiera, Valencia no tiene capacidad para aumentar los impuestos a sus ciudadanos un poco más de la media e invertir en resolver muchos de sus cuellos de botella, sean puertos más eficaces, mejores autovías o programas de becas para aprender idiomas en el extranjero. No existe corresponsabilidad fiscal y, por tanto, los incentivos son perversos. Los gobiernos autonómicos y central se ven obligados a entrar en una constante lucha por priorizar sus propias necesidades frente a los otros. Permitir una mayor flexibilidad a los gobiernos autonómicos para ajustar los impuestos a sus preferencias sería un buen primer paso para quitar presión al conflicto territorial e introducir responsabilidad en las finanzas públicas. No sería necesario esperar a tener vientos ideológicos a nuestro favor en Moncloa para empezar a hacer cosas.
El segundo paso para el Gobierno sería profundizar en su campaña de transparencia. Saber cuáles son las balanzas fiscales entre autonomías es interesante, pero más interesante sería conocer cuales son las balanzas fiscales entre clases sociales o niveles de renta.
Por último, para no generar malas costumbres o incentivos perversos, la solidaridad interterritorial debería ser dependiente de los 'logros' de las autonomías más beneficiadas. Aquellas que utilizaran bien los superávit fiscales deberían ser premiadas con un esfuerzo mayor, mientras que aquellas que estuvieran malgastando su superávit en políticas inadecuadas, aunque electoralmente rentables, deberían ver este recortado. Introducir un poco de rendición de cuentas en el proceso de solidaridad hace a los 'solidarios' más generosos.
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El tema de las balanzas fiscales es una construcción del departamento de agitación y propaganda de los nacionalistas y como tal pura basura intelectual. La lectura del artículo de Ángel de la Fuente es demoledora.
Creo que aunque en el cuarto párrafo das una larga cambiada –hacia el federalismo fiscal- la contaminación de base enturbia el resto del artículo (por lo demás excelente en la concisión y claridad como todos los tuyos que he leído en la moqueta).
Yo creo que hay un primer problema. Quienes defienden el federalismo en Europa son los conservadores y en el caso de Estados Unidos la extrema derecha intelectual y política, por lo que una buena pregunta creo que sería determinar cuales son los factores sociales y políticos que hacen que es España se intente teñir de rojo a políticas que se defienden desde presupuestos de derechas en el resto del mundo. El motivo de esa defensa se basa en que los estados federales generan gobiernos con sectores públicos mas pequeños. Cuanto menores sean los estados mas se favorecerá el mercado y (en su visión) el crecimiento y el control de los gobiernos. De modo que – al menos en mi visión- el problemas que tu planteas en realidad es el inverso, en un sistema federal Valencia no se va a plantear subir los impuestos sino mas bien bajarlos (la cuestión del voto con los pies) lo cual va a dar lugar a un menor estado de bienestar y mayor desigualdad.
Como una confirmación de mi tesis yo no creo que sea una coincidencia que los tres países con sistemas federales mas puros (Canadá, Suiza y Estados Unidos) estén entre los que poseen un menor estado de bienestar y mayores desigualdades de ingresos del mundo industrializado.
P.D. Como siempre pido disculpas por lo atolondrado de mi redacción y espero que mi comentario te sirva. Saludos.
Felicidades por vuestro trabajo. Las balanzas fiscales son estudios con diferentes metodologías, no son datos objetivos. Por tanto, son fácilmente manipulables por los diferentes criterios de imputación de gastos.
Sin embargo, echo de menos una explicación de ¿por qué se genera ese déficit fiscal? Se vislumbra en el artículo, pero no queda del todo aclarado. Perdonar mi osadía al intentar ofreceros una compresión del dichoso déficit fiscal.
Según un documento de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, la financiación autonómica sólo motiva un 15% del supuesto déficit fiscal. ¿Por qué?
Primero, más de la mitad del déficit fiscal de las Comunidades de Madrid y Cataluña se explica por su mayor capacidad fiscal (base imponible, sedes empresariales y renta por habitante) y su menor gasto en protección al desempleo. Es decir, cuanto mayor riqueza y renta tenga un territorio, más impuestos paga y menos parados tiene en términos relativos. Por ello, la Administración central ingresa más y gasta menos en protección al desempleo en estos territorios.
Segundo, las inversiones de la Administración central en infraestructuras explican el otro tercio del déficit fiscal. La reclamación insistente de Catalunya sobre la falta de inversión en lo años de Aznar tiene una base empírica.
Asimismo, las pensiones, como bien ha explicado J.A. Griñán, no pueden territorializarse porque existe una única caja para la solidaridad entre generaciones.
Otra reflexión, ¿qué hacemos con las decisiones individuales de movilidad geográfica?. Por ejemplo, un pensionista de Barcelona que decide pasar los últimos días de su vida en el mediterráneo andaluz.
Por tanto, el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común tiene una relación muy limitada con el déficit fiscal. Sería deseable y razonable que nadie utilizase las dichosas balanzas fiscales en las negociaciones para reformar el sistema de financiación autonómica. Que sería lo mismo que como el tocino con la velocidad.
Por último, sólo una matización, el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos es Carlos Ocaña y no Ángel como aparece en el post.
Un saludo
PD: ¿Para cuando Navarra y País Vasco (territorios con privilegios forales) participarán en la solidaridad, como lo hacen Madrid y Catalunya? ¿Algún Gobierno de España se atreverá a abrir el melón?