La Moqueta Verde

Los conflictos de convivencia entre las dos lenguas co-oficiales en un mismo territorio aparecen periódicamente en nuestro país y muy en particular en Cataluña. El nuevo episodio de esta guerra es el Manifiesto por una lengua común, firmado hace un par de semanas por intelectuales, personajes públicos y medios de comunicación de diferentes orígenes ideológicos. En la Moqueta sabemos que se trata de un tema polémico, pero nos encantaría abrir el debate destacando críticamente dos aspectos de este nuevo manifiesto:

De “lengua propia” a “lengua común”

Una de las principales críticas que ha recibido la política lingüística en Cataluña ha sido que ésta no ha tratado con igualdad a sus dos lenguas oficiales. Las autoridades lingüísticas catalanas siempre han recurrido al término “lengua propia” para legitimar la predominancia del catalán por encima del castellano en la vida pública de esa comunidad. El artículo 6 del Estatuto de Cataluña estipula: “la lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las Administraciones públicos y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”. El elemento histórico es el que confiere al catalán el atributo de lengua propia. Según la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos de la UNESCO, la lengua propia “hace referencia al idioma de la comunidad históricamente establecida en este espacio”. Al margen de lo confuso que puede llegar a ser el concepto de “lengua propia”, para los nacionalistas éste justifica que catalán tome un rol preferencial en la vida pública de la comunidad.

El manifiesto en defensa por una lengua común utiliza como elemento legitimador para la predominancia del castellano sobre las lenguas regionales el hecho de que se trata de una lengua común en todo el territorio español. Así, se sustituye el argumento de “lengua propia” por el de “lengua común”. En efecto, aunque en muchos territorios hay dos lenguas oficiales, “sólo una de ellas es común a todos”. Y, según se desprende del manifiesto, el hecho de que el castellano sea oficial en todo el ámbito nacional confiere a esta lengua un plus de legitimidad en los territorios que comparte oficialidad con otras lenguas regionales. El manifiesto pide que se excluya la posibilidad de que la lengua catalana sea exclusiva en la educación o en la rotulación en las instituciones públicas. Pero no hace lo mismo con el castellano. La asimetría de trato entre dos lenguas co-oficiales se justifica, en esta ocasión, con el argumento de que una es de ámbito nacional y la otra regional.

Tanto la actual política lingüística catalana como el modelo propuesto por el manifiesto en defensa de la lengua castellana usan algún atributo de la lengua (bien sea “propia”, bien sea “común”) para legitimar la preeminencia de una lengua oficial por encima de la otra. Sin embargo, ¿por qué los derechos lingüísticos de los castellanohablantes de Girona deberían estar influidos por el hecho de que el catalán sea la lengua más vinculada históricamente a su región? Y, de forma similar, ¿por qué los catalanohablantes de l’Hospitalet deberían tener derechos distintos por el hecho de que el castellano es oficial en otras comunidades?

¿En qué lengua debe hablar la administración pública?

El debate sobre qué lengua debería hablar la administración pública catalana se presenta como un conflicto aparentemente inevitable entre dos derechos: 1) El derecho de los catalanohablantes a poder expresarse y ser atendidos en su lengua y 2) el derecho de los ciudadanos españoles que no conocen la lengua catalana a opositar con igualdad de condiciones.

El modelo actualmente vigente en Cataluña es el de priorizar el primer derecho a costa del segundo. Según el artículo 11 de la Ley de Política Lingüística de Cataluña, los aspirantes a una plaza en la administración de esa comunidad deben acreditar el conocimiento de la lengua catalana, tanto en expresión oral como escrita. Si bien este requisito garantiza una administración bilingüe, también representa una vulneración del segundo derecho.

Esta es una de las principales críticas al modelo catalán que desde hace tiempo muchos de los impulsores del manifiesto sostienen. La nueva propuesta recogida en el manifiesto para salvar este conflicto de derechos es la siguiente: "En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación".

La pregunta que conviene hacernos es si es posible garantizar una administración bilingüe, que respete el derecho de los catalanohablantes, sin que cada uno de sus funcionarios lo sea, para no lesionar el derecho de los castellanohablantes. Posiblemente, la modificación del actual sistema de acceso a la función pública por uno que no exigiera como requisito necesario el conocimiento del catalán también daría lugar en la mayoría de los casos a una administración bilingüe, pues ésta sería un mero reflejo de la sociedad catalana. Pero no podemos excluir la posibilidad de que, en ocasiones, un servicio determinado acabara siendo, por cuestiones del azar, monolingüe. Es necesario, por lo tanto, un mecanismo de selección formal que asegure una administración bilingüe. Esto implicaría inevitablemente la instauración de cuotas lingüísticas en cada servicio de la administración y la convocatoria de plazas catalanas o castellanas en función de las necesidades lingüísticas del servicio.

La propuesta tiene limitaciones prácticas: ¿habría ventanillas o colas lingüísticas en los servicios públicos? ¿Las vacaciones serían por cuotas lingüísticas para evitar que la institución quedara monolingüe temporalmente? A efectos prácticos es difícil garantizar una administración bilingüe sin que sus funcionarios no sepan ambas lenguas. Pero, al margen de sus limitaciones prácticas y del estigma lingüístico que supondría, este método seguiría sin garantizar el segundo derecho arriba expuesto (la igualdad de todos los españoles a opositar en Cataluña). Aunque el agravio se reduciría con respecto a la situación actual, en la cuota de plazas catalanas seguirían excluidos los opositores de otras comunidades autónomas que desconocen la lengua. Es decir, garantizaríamos el derecho de ambos grupos a costa de reducir las oportunidades de los castellanohablantes.

Entonces, ¿debemos resignaros a que alguno de los derechos sea vulnerado? Sin lugar a duda se trata de dos derechos difíciles de conciliar. Pero ya en el pasado ha habido propuestas más imaginativas y convincentes que la efectuada por este nuevo manifiesto. Por ejemplo, el segundo manifiesto de Ciutadans (que comparte numerosos abajofirmantes) proponía: "[se] promoverá el conocimiento del catalán entre los funcionarios, pero no hará de ello una condición necesaria para su acceso a la función pública". Con los matices adecuados, esta propuesta quizás garantizaría ambos derechos. Por ejemplo: se podría excluir el catalán como requisito para el acceso a la función pública, pero el opositor no catalonohablante exitoso debería obligatoriamente atender en horario laboral a clases gratuitas de lengua catalana durante un periodo determinado de tiempo. ¿Funcionaría? ¿Sería capaz la administración de obligar a un funcionario suyo a aprender (que es diferente que atender a clases) la lengua catalana?

Muchas preguntas, pocas respuestas.