Comportamiento Estratégico y Ley de Dependencia
7 Ocurrencias Escrito por Alex Guerrero el 26.10.07 a las 10:08.
"Sí, efectivamente, cumple con todos los requisitos. Más del 75% de inmovilidad, apenas memoria a corto plazo, necesidad de una tercera persona... El tribunal médico ha sido claro en ello. Pero olvídense: con el lío montado que tienen los políticos, esto va para largo. Y no me refiero a meses"
Me permitirán que empiece con esta anécdota personal, pero con estas palabras se despedía la semana pasada de mis padres el agente de servicios sociales encargados de verificar el estado de "dependencia" de mi madre. Nosotros ya estábamos desde hace años en un proceso para obtener aproximadamente la misma ayuda desde antes de la Ley de Dependencia 2007 (aunque más exigentes, ya existían políticas dispersas de resultado bastante parecido para el caso concreto de la gente con minusvalías). Y fíjense ustedes, que la susodicha ayuda nos lo ha bloqueado, porque los políticos autonómicos, que son los que tienen que financiar el trágala que les llegó de Madrid, no quieren (o pueden) ejecutar la ley cuando corresponde. ¡Incluso en una comunidad (la catalana) gobernada por el mismo partido en el Gobierno Central!Hoy De La Vega conminaba a las comunidades autónomas a colaborar y "ejecutar" la ley de dependencia. Al parecer, éstas no están asignando fondos a dicha política, de modo que están retrasando el inicio de su ejecución hasta, por lo menos, después de las elecciones. Al fin y al cabo, la Ley de Dependencia es una ley que se mete en competencias de las CCAA (Bienestar Social) y decididamente en sus presupuestos. No duraría dos horas en el Tribunal Constitucional. Pero obviamente, no hay ningún gobierno autonómico suicida que vaya a recurrir la ley porque sería tremendamente impopular. ¡El gobierno que quitó la ayuda a los ancianos y discapacitados!
Estamos ante un interesante caso de juego con los tempos y con la no judicialización de la política. Si las CCAA quisieran, llevarían la ley al Constitucional y se desharían de ella. Si el Gobierno quisiera, llevaría a las CCAA por inaplicación de la ley, pero con el riesgo de que desestimaran su demanda por falta de competencia en el asunto.
El Gobierno se arriesgó aprobando una ley que no era de su competencia y que determina el gasto que tendrán que hacer las CCAA. Pero la jugada le ha salido por la culeta y, para el sector directamente afectado por la ley, la sensación será necesariamente de estafa. No necesariamente para el conjunto de los votantes progresistas, que podrán quedarse con la sensación de que se han hecho políticas sociales [aunque sean virtuales].
Una contra-estrategia brillante. Sí señor.
Etiquetas: ciencia politica, españa, politica
En fin, no hay palabras. Lo siento mucho de verdad.
Lo que no sé es cómo no cae un chaparrón de críticas sobre los gobiernos autonómicos que no cumplen esta ley. No digo que estos gobiernos tuvieran derecho a negarse a cumplirla (problemas de inconstitucionalidad y demás), sino al chaparrón de la opinión pública. Quizá es que ha pasado poco tiempo aún y no se conocen casos como este.
La verdad es que es indignante que hayamos llegado a esta situación.
Estoy de acuerdo contigo en que tanta culpa tiene el gobierno por aprobar una ley que escapaba a su competencia como las comunidades autónomas por no haber podido llegar a un acuerdo. Y, mientras tanto, quienes sufren las consecuencias de los conflictos entre las élites políticas, siempre son los ciudadanos...
Una lástima.
Saludos!
Una verguenza. A veces pienso que cuando los politicos se lian en sus razonamientos estadistico-electorales habria que llevarlos un rato a hablar con algun afectado (o cojerlos por el cuello y recordarles para que estan ahi).
Esto claramente debe incluirse como estudio de caso en la próxima edición del Blair, A. and J.L.R. Zapatero (Eds.) 2007 "Manual de como ser de izquierdas sin gastar un euro".
La manera de afrontar los grandes problemas que tiene este gobierno a "la cubana" lleva a cosas como ésta. Ni una mención a conciliación de vida laboral y familiar, ni una oportunidad para facilitar a los afectados la actuación... En definitiva, y como toda la legislatura, un brindis al sol (en el que participaron todas las fuerzas políticas). Si me dejáis copiar y pegar algunos extractos de un post que me impresionó en P.D:
http://blogs.periodistadigital.com/miguelbarrachina.php/2007/06/21/caos_en_la_alicacion_de_la_ley_dependenc
seis meses después de su aprobación ningún español ha visto un céntimo, si exceptuamos a los medios de comunicación que han recibido más de 88.000 euros en una campaña publicitaria que decía “un nuevo derecho” y que se desarrolló durante la pasada precampaña.
así el mismo Ministerio de Trabajo ha llegado a dar tres cifras distintas, 1.125.000, 1.485.000 o 2.071.690, según el dato venga en la memoria económica de la ley, en el informe de impacto de género o en la información enviada a la Comisión Europea.
Aunque más doloroso que el uso político del número de personas dependientes es el falso anuncio de 1.014 euros mensuales por cada gran dependiente. Ya que un sencillo cálculo indica que los 220 millones de euros aprobados por el Gobierno divididos entre los 205.917 grandes dependientes supone tan sólo 89 euros al mes por cada gran dependiente, algo menos de tres euros al día.
oye,...y que es eso de "afrontarlo a la cubana"?
(march, march... este apellido me suena de algo...)
Pero la cuestión Augie es que el gasto en la ley de dependencia no se tiene que reflejar en los presupuestos generales del Estado.
De manera que esos 220 millones de euros no son el total de lo que esta ley debería causar, dado que es una competencia autonómica. El gasto se reflejará en los presupuestos autonómicos, si éstas cumplen la ley.
Por otro lado, el cheque bebe va en linea con la conciliación de la vida laboral y familiar, así como la racionalización de la jornada de los funcionarios públicos. Las políticas "faltantes" para estructurar de veras ese pilar sin ser intervencionista son: más guarderías públicas, incentivos fiscales para las empresas que creen kindergarden, y políticas que faciliten la igualación salarial hombre-mujer.