La Moqueta Verde

Haití acaba de desaparecer. La imagen del Presidente en la CNN, sucio y sin techo, fue la mayor expresión de la implosión del Estado que jamás veremos. Incluso en sangrientas guerras civiles, la elite gobernante fue siempre capaz de vivir dentro de un cierto nivel de comodidad. Pero no es el caso. Sin el Gobierno, no hay manera de contar el número de muertos, conducir los fondos o coordinar los esfuerzos, enterrar a las víctimas antes de que el problema de salud se haga dantesco o preservar la ley y proteger a las personas del crimen. Aquí, en Santo Domingo, vi los esfuerzos de decenas de organismos internacionales, tratando de transportar a equipos y cargamentos a Haití (que es bastante imposible, debido al colapso en la frontera). Lo que sigue no está claro.

Una vez que el Estado haitiano ha desaparecido (como Somalia hiciera), la lógica del poder dice que alguien más vendrá a sustituir este vacío de poder. En Somalia, los warlords y piratas se hicieron al mando. En Haití hay dos probables contendientes por el poder: Una toma de control parcial por la República Dominicana, respaldada en recursos y coordinada por los organismos internacionales y Estados Unidos, o el control en el medio plazo por bandas locales, algunas vinculadas con el tráfico de drogas. Los dominicanos ven Haití como antigua potencia colonial (Dominicana declaró su independencia de Haití, no en España) y sobre todo, como una amenaza demográfica actual. Hay un fuerte discurso anti haitiano en la mentalidad colectiva, construido por las élites. Los haitianos son pobres y además hablan francés. Un millón vino en las últimas cuatro décadas y viven ahora en la República Dominicana (>10% de la población), y trabajan principalmente en la construcción y otros muy mal pagados puestos de trabajo (es decir, menos de $ 80-90 al mes) que los dominicanos no quieren. El discurso nacionalista- xenófobo de las elites ha llevado a los haitianos aquí a la marginalidad y la exclusión, en una especie de apartheid incipiente de que la crisis va a agudizar. Recientemente, los dominicanos reformaron su constitución para limitar el acceso a la nacionalidad de los haitianos: en el pasado, un bebé nacido en la RD de padres haitianos ilegales sería considerado dominicano (ius soli). Esto ya no es el caso, y lo peor es que es retroactivo, de modo que es fácil encontrar personas con 35 años de edad, familia de cuatro personas y sin relación con Haití, siendo excluidos de la nacionalidad y hallándose ahora apátridas en su propio país.

Vine a República Dominicana con un equipo de politólogos para tratar de comprender mejor la dinámica de la democracia aquí: las deficiencias en la gobernanza, la transparencia y la corrupción, los bajos niveles de rendición de cuentas y la nula capacidad de respuesta a los votantes, y muchos otros temas abstractos (pero importante, no obstante). Después de una primera semana de reuniones con académicos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, políticos, funcionarios gubernamentales y empresarios (fundamentalmente para escucharles), nuestra comprensión del funcionamiento real de la democracia dominicana es un poco más claro... y muy deprimente. Hay un común denominador que todo el mundo parece suscribir, incluso la gente en el gobierno actual: el clientelismo.

El clientelismo es un tema común en casi todas las democracias, y muy significativo en América Latina. En los EE.UU., por ejemplo, el clientelismo tradicionalmente ha surgido en muchos aspectos: en las ear-marking politics del Congreso, o los candidatos que responden a los intereses de sus grandes contribuyentes de campaña, etc. Pero aquí en la República Dominicana el clientelismo es tan fuerte y constante, en parte debido a razones históricas (60 años de la dictadura de Trujillo y la democracia patronista de Balaguer), que cuando un nuevo gobierno asume el poder en la RD, la gente espera que el presidente renueve a la mayoría de los funcionarios y los sustituya por sus propios militantes y votantes (92% del gobierno los empleados son contratados, no funcionarios de carrera, y por lo tanto pueden ser despedidos). Muchos funcionarios solo cobran y no tienen ninguna función real. Igualmente, las políticas sociales no se basan en criterios objetivos de elegibilidad, sino que se dirigen a los grupos que sea necesario cooptar a fin de garantizar su lealtad electoral. Con 500.000 funcionarios del gobierno y 2 millones de personas que reciben esos Bono Escuela, programa Solidaridad y otros malos programas sociales focalizados, el número de personas que dependen directa o indirectamente del gobierno es enorme en un país tan escasamente poblado. En esencia, el país entero es comprado con el fin de obtener el consentimiento y la lealtad electoral.

Alguien decía cínicamente que la democracia y las instituciones en la RD parece ser "good enough", ya que la gente parece apática y desmovilizada, los gobiernos son estables, hay pocas protestas, los sindicatos no juegan ya ningún rol, y la desigualdad y los niveles de pobreza son relativamente bajos, en comparación con muchos países de América Latina. No hay enfrentamiento ideológico, y todo el mundo odia (o desprecia) a los haitianos, que son los más pobres de los pobres. Cuando surgen grandes escándalos de corrupción, nadie paga, incluso si el hombre fue capturado frente a las cámaras en el prime time. La impunidad es la norma, como lo es el silencio. Nadie quiere perder su cuota pequeña propia de los beneficios del gobierno, ya sea un trabajo mal pagado o un programa social (porque nadie lo ve como su derecho individual, sino como un regalo/prebenda que no quieren perder a manos de otro). Los servicios públicos están en un estado lamentable: la gente -aquellos que pueden permitírselo, por supuesto- tiene plantas de electricidad en el hogar debido a los apagones constantes. Lo mismo para el agua. Y las escuelas y los hospitales no se cierran, pero tienen tan mal desempeño, que tal vez mejorasen los indicadores sociales del país si lo hicieran. Las clases medias se mudaron hace tiempo a las escuelas privadas y los seguros de salud, aumentaron las diferencias en oportunidades. Además de ser muy injusto todo ello para las clases trabajadoras, este nivel de "autoproducción" de los servicios básicos es increíblemente caro para la clase media.

A pesar de los clamorosos fallos en las políticas públicas del gobierno y la corrupción generalizada en todas partes, la gente vive en paz, y el sistema reelige una y otra vez el mismo poder establecido. La mayor parte de la explicación para esta aparente paz social tiene que ver con:

a) La emigración. Fue masiva desde la década de 1950 y, en su mayoría, fueron a Nueva York y recientemente España. La emigración que actúa como una válvula de escape masivo (opción "salida ").

b) La enorme cantidad de las remesas que los emigrados envían a casa, en una especie de seguridad social, además de las prestaciones de desempleo que vienen del extranjero (25% de las familias dominicanas tienen un miembro en el extranjero), y

c) El conservadurismo de la sociedad dominicana.El conservadurismo de valores aparece en todas las encuestas internacionales que incluyen a Republica Dominicana. Por poner un ejemplo, están a punto de promulgar una nueva Constitución, que prohíbe cualquier caso de aborto, incluso después de una violación o si realmente pone en peligro las perspectivas de vida de la madre. Se dice en Santo Domingo que el Cardenal es la autoridad más poderosa en la sombra. Y de hecho, la Iglesia juega un papel muy activo en la política, tanto, que políticos de todos los partidos le rinden pleitesía.

En este contexto, la destrucción de Haití y su Gobierno va a poner mucha presión en la República Dominicana y sus servicios sociales. El final de Haití como país acaba de acelerar un seísmo dramático en la isla, y por supuesto para Dominicana. Con la inevitable emigración de cientos de miles de haitianos a través de la porosa frontera, el sistema de la República Dominicana va a ser subsumido por un discurso todavía más duro (casi fascista) contra los haitianos, excepto si las Naciones Unidas y los EE.UU. son capaces de restablecer una especie de gobierno de Haití partir de cero. La elite establecida tratara de perpetuarse en el poder y fortalecer la reelección de Leonel “debido a las circunstancias excepcionales” y la “amenaza” haitiana. Por lo pronto, vamos a ver pronto a millares de haitianos desesperados confinados en una especie de campamentos administrados por organismos internacionales en las áreas de RD cercanas a la frontera.

Pero esto es solo el principio.

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El sábado 10 de octubre seis mil agentes federales tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en el Distrito Federal, Puebla, Hidalgo y Morelos, en la República de México. Con esta acción y el correspondiente decreto emitido por el presidente de este país, Felipe Calderón, se liquidaba la empresa que abastece de energía eléctrica al centro del país, dejando en la calle a 41 mil empleados activos y 25 mil jubilados.

El argumento de Calderón para decretar el cierre de LyFC es que la empresa es incosteable, y que tiene un déficit de más de 3.700 millones de dólares. Se culpa de su ineficiencia los “ominosos sueldos de los empleados”. Pero veamos con detalle: el sueldo más bajo en la compañía de Luz y Fuerza del Centro es de aproximadamente 600 dólares y el más elevado es de 1.200 dólares, más prestaciones. Los medios de comunicación lanzan ataques contra el Sindicato Mexicano de Electricistas “acusándolos” de que el contrato colectivo de trabajo les otorga prestaciones excesivas, como descuentos en las tarifas eléctricas o reembolsos en los gastos por comidas fuera de su centro laboral. Ante el embate contra la empresa, y azuzada por los medios de comunicación, una parte la opinión pública mexicana se desvive con hurras hacia la medida tomada por Calderón, bajo el argumento de que estos trabajadores electricistas no son tan pobres como deberían, y tienen privilegios y lujos que no merecen. En otras palabras, el delito de estos trabajadores es que no se están muriendo de hambre, como es el deber histórico de la clase obrera.

La liquidación de LyFC no sólo conlleva la inminencia de la privatización de la industria eléctrica, sino que agrega una nueva cifra a la tasa de desempleo que ya de por sí en el sexenio de Calderón ha crecido en un 79%. Pero los electricistas no son el único blanco de los despidos masivos perpetrados por el gobierno mexicano. Hace no más de un mes el mismo secretario de Hacienda anunció 10 mil nuevos despidos por la desaparición de tres secretarías de estado (la de Turismo, de la Reforma Agraria y de la Función Pública). En tiempos de crisis global, en que las economías con mayores proporciones de empleo público son las que parecen estar resistiendo mejor a la debacle, este tipo de medidas apuntan a consecuencias negativas no sólo para los trabajadores de la industria eléctrica, sino también para el resto del pueblo mexicano.

En otro ámbito, las cifras en México no son menos alarmantes: cinco mil seiscientos “ejecutados” en lo que va del año. En diez meses se ha superado el número total de asesinatos atribuibles al narcotráfico ocurridos durante la administración del anterior presidente, Vicente Fox. Esto es así a pesar de que el Estado ha desplegado su fuerza en las calles llevando a una militarización del país, que supone a los contribuyentes un boquete financiero de más del doble de los recursos destinados a LyFC. En lo que va de año, a la Guerra contra el Narco se le han destinado aproximadamente 8 mil millones de dólares. La ausencia de datos detallados sobre las víctimas y los verdugos de esta violencia no nos permite realizar una evaluación adecuada de la política en cuestión. Si los números no engañan, parece que si hay una empresa que urge liquidar, por ineficiente y costosa, es la llamada Guerra contra el Narco.

A pesar de la crítica situación económica, laboral y de seguridad que se vive en México, el índice de popularidad de Calderón en el pasado agosto era de 62.4%, nivel al que se ha mantenido desde enero de 2007, a excepción quizás de la escalada de marzo de este año, donde a raíz del pánico infundido por la epidemia de gripe porcina subió hasta 68%. Si estas estadísticas son confiables, lo que reflejan es la efectividad del control social ejercido mediante la manipulación de los medios de comunicación, el uso de la fuerza y las medidas sorpresivas como el golpe al sindicalismo independiente y el pánico epidemiológico. Además, fuera de México, Calderón goza de cierta buena reputación. Al igual que sucede con el presidente colombiano Álvaro Uribe, son prácticamente inexistentes los artículos críticos con este político en la prensa española. Por ejemplo, el decreto de cierre de LyFC fue aplaudido en los medios, donde se presentó como una medida reparadora ante el supuesto mal servicio que prestaban los trabajadores de LyFC, así como una medida anticorrupción clave. Como apuntaba Vicenç Navarro en su artículo “La doble moral de los medios” (Dominio Público, 16 Julio 2009), la ausencia de voces críticas contra Calderón entra en grave contraste con los artículos críticos con el presidente Venezolano Hugo Chávez, entre otros, y –simpatías por estos presidentes al margen- llevan a cuestionar la pluralidad ideológica de los medios de comunicación españoles.
Por lo general, ante todo esto lo más preocupante es que Calderón se confirma como un caso más de presidente democrático que –a pesar de llegar ‘confusamente’ al poder- consigue ganar y mantener la popularidad social a partir de medidas con claros tintes antidemocráticos. Otro presidente que, ante la amenaza de la ‘delincuencia’, el ‘narco’ (o de una ‘guerrilla’) actúa de forma que los límites del presidencialismo democrático y el caudillismo se hacen peligrosamente borrosos. Otro presidente ante el que, sin embargo, se rinde la opinión pública doméstica e internacional por sus formas y logros, y ante el que las voces críticas quedan ahogadas a base de golpes de pluma y de porra.

Violeta Vázquez-Rojas y Laia Balcells

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